La Diputación de Palencia enfocada en la lucha contra el cambio climático

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La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha afirmado esta mañana que más del treinta por ciento de la actuación de la administración provincial palentina ya se enfoca de manera directa o indirecta a combatir el cambio climático. Así lo ha manifestado durante su participación en la jornada Los retos de los gobiernos locales frente al cambio climático organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias en el marco de la ‘cumbre del clima’ COP25 de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático, que se celebra estos días en Madrid.

En concreto, Ángeles Armisén —que también preside la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León— ha participado en la mesa redonda Políticas económicas de los gobiernos locales frente al cambio climático, que ha moderado José María García Urbano, alcalde de Estepona (Málaga); en la que —además de la presidenta de la Diputación de Palencia— han participado los alcaldes de las ciudades de Granada, Luis Miguel Salvador; Palma, José Hila; Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura; Santander, Gema Igual; y Valladolid, Óscar Puente.

Ángeles Armisén ha destacado que la Diputación de Palencia ha sido una de las administraciones públicas pioneras en España en confeccionar sus presupuestos prestando atención a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por Naciones Unidas en la llamada Agenda 2030. En ese sentido, precisó que el 31,5% del total del Presupuesto de la Diputación para 2020, que se aproxima a los setenta millones de euros, se incardina en uno de los seis objetivos relacionados de modo directo o indirecto con la lucha contra el cambio climático.

AGUA, ENERGÍA Y POBLACIÓN. En concreto, la administración provincial destinará al próximo año en total 21,8 millones de euros a los diversos programas vinculados con estos seis ODS con repercusión en el clima: agua limpia y saneamiento (ODS número 6), energía asequible y no contaminante (7), ciudades y comunidades sostenibles (11), producción y consumo responsables (12), acción por el clima (13) y vida de ecosistemas terrestres (15). En ese aspecto, sobresalen las cantidades consignadas para la potabilización y el saneamiento del ciclo del agua —3,2 millones de €—, para implantar sistemas de energía asequibles y no contaminantes —620.000 €— y, sobre todo, el conjunto de inversiones para propiciar poblaciones sostenibles, con una partida conjunta que ronda los 14,7 millones de euros.

Armisén mostró su gratitud a la FEMP y su satisfacción por poder participar en la mesa «para expresar las particularidades de una diputación en una provincia del interior del país, de una España ni vacía ni vaciada, sí de una España menos poblada, con mayoría de municipios pequeños, en cuya labor la diputación debe ser administración asistente y solidaria, incluso subsidiaria respetando siempre la autonomía de cada municipio que contempla la Constitución».

En ese sentido, destacó que en la provincia de Palencia viven 162.000 personas, con una baja densidad demográfica, ya que solo en la capital habita prácticamente la mitad de esa población (79.000 personas). Los 83.000 restantes se distribuyen en ciento noventa municipios y más de cuatrocientos sesenta núcleos de población, desde la más pequeña aldea a un ayuntamiento como Aguilar de Campoo, el más habitado de la provincia, que no llega a siete mil habitantes.

MODELO FINANCIERO. «Si se quiere incorporar a la administración local, incluida la de territorios poco poblados como es la provincia de Palencia, a esa loable aspiración de frenar y revertir el cambio climático —ha manifestado Ángeles Armisén—, habrá que dar un giro en dos grandes aspectos: uno, replantear un modelo financiero que garantice recursos suficientes para que los municipios y las provincias puedan atender todos sus servicios con una mínima calidad para el vecino y simultáneamente con unos criterios de preocupación medioambiental».

La presidenta de la Diputación de Palencia abogó por «estructurar las políticas de desarrollo del país, en la que tanto influyen los repartos de financiación de todas las administraciones, así como el diseño y la aplicación de los programas europeos, de manera que se tenga en cuenta el territorio como bien digno de preservar; es decir, reconocer que cuidar el territorio tiene un coste, y es un factor más que requiere sus propios programas de gasto y sus planes de inversión». Para Armisén, «hay que establecer criterios o mecanismos correctores para la escasez de población y la baja densidad demográfica, ya que dificultan y encarecen la aplicación de cualquier política que, desde lo local, aspire a combatir el cambio climático».

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