En un esfuerzo por priorizar la seguridad alimentaria y su impacto en la salud pública, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha llevado a cabo más de 100.000 actuaciones de control durante el año pasado en la región. Este compromiso se refleja también en las más de 3.000 acciones realizadas en el marco de la Red de Alerta Rápida Alimentaria. Para llevar a cabo estas iniciativas, la Consejería ha destinado una plantilla de 610 profesionales, entre veterinarios y farmacéuticos, respaldados por una red de laboratorios de salud pública debidamente acreditados y equipados con tecnología de vanguardia y formación técnica.

La consejera de Sanidad, García-Cruces, enfatizó la colaboración cercana con las empresas agroalimentarias, destacando la importancia de los autocontroles rigurosos que realizan bajo la supervisión oficial. Esta colaboración, según García-Cruces, fortalece las garantías de seguridad alimentaria y contribuye a la protección de la salud pública.

En Castilla y León, donde existen 43.316 establecimientos de productos alimenticios, más de 3.500 de ellos están involucrados en procesos industriales de elaboración y fabricación. La seguridad alimentaria es una prioridad clave en las políticas de la Junta, ya que no solo impacta en la salud pública, sino que también juega un papel fundamental en la sanidad animal y la sostenibilidad medioambiental.

Recientemente, se llevó a cabo una jornada dividida en tres bloques temáticos para abordar diferentes aspectos de la seguridad alimentaria. El primer bloque se centró en la importancia del ‘Codex Alimentarius’ y su papel futuro en este campo. El segundo destacó la relevancia del bienestar animal para alcanzar los más altos estándares de seguridad alimentaria. El tercer bloque se centró en los controles realizados y el papel crucial que desempeña el consumidor en este proceso.

Estas iniciativas y colaboraciones demuestran el compromiso de Castilla y León en la consolidación de un sistema de seguridad alimentaria robusto y efectivo, donde la coordinación entre autoridades sanitarias y empresas del sector juega un papel fundamental en la protección de la salud pública y la calidad de los alimentos en la región.